El próximo 31 de diciembre, los 35
trabajadores de Madisón-Telecyl, empresa adjudicataria de la atención de
emergencias sanitarias de Castilla y León desde hace 14 años, perderán
sus puestos de trabajo al concluir la contratación por parte de la
Consejería de Sanidad.
A partir del 1 de enero el servicio de
emergencias 112 ya no se dividirá en protección civil, gestionado de la
Consejería de Fomento, y emergencias sanitarias, subordinado de la
Consejería de Sanidad, y quedará unificado y dependiente de la
Consejería de Fomento.
A diferencia de otras licitaciones, en
esta ocasión, sin dar más explicaciones que jurídicamente podía hacerlo,
sin pensar en las consecuencias, la Junta de Castilla y León no ha establecido como condición el deber de subrogación lo
que supone el despido de los trabajadores que actualmente se ocupan del
servicio, con una experiencia de 14 años en algunos casos, renunciando a
ellos, ya que la empresa que continuará con la prestación de la
atención, Grupo Norte, no se ve obligada por el pliego de condiciones a
la subrogación y ya ha anunciado que sólo contratará a una pequeña parte
de estos trabajadores.
Según la Gerencia de Sanidad, la
unificación responde a cuestiones de eficiencia del servicio y afirma
que se mantendrá la calidad de la atención. Para el sindicato CGT, esta
medida supone un ataque a la atención sanitaria en Castilla y León
porque “nadie se cree que con un tercio de trabajadores menos se pueda
prestar el mismo servicio, que hoy por hoy está saturado de llamadas y
en continuo crecimiento”, además de que con la excusa de la
reorganización “se va a despedir a 35 trabajadores con mucha
antigüedad y se perderá la experiencia de unas personas que tienen un
alto reconocimiento dentro y fuera de la comunidad autónoma”.
Para CGT, ya es bastante que un servicio
que debería estar atendido por personal de la Junta de Castilla y León, y
que se vende como servicio propio y de calidad en instalaciones de la
propia Junta, esté subcontratado a través de empresas de telemarketing,
pero que además se recorte en materia de emergencias sanitarias cuando
hay en juego vidas humanas, donde es crucial la experiencia y la rapidez
en la movilización de recursos, es de vergüenza.
Por todo ello y porque la Junta de
Castilla y León es la que debe tomar las decisiones al respecto,
garantizando de verdad una buena atención de emergencias sanitarias y
los puestos de trabajo de quien hasta ahora se ocupaban de ello.
