El 7 de julio se cerraron las mesas de negociación de ERE y Convenio de Telefónica en las que ha participado CGT. En ambas se ha producido un acuerdo mayoritario de CCOO, UGT y STC-UTS –con el voto en contra de CGT- aprobando asi un ERE que supone la destrucción de 6.500 puesto de trabajo y un Convenio Colectivo vinculado a esta destrucción de empleo.
Desde la privatización del sector de las telecomunicaciones, en los años noventa, Telefónica ha destruido cerca de 50.000 puestos de trabajo con programas de desvinculación voluntarios o expedientes como este.
El expediente se anunció la misma semana que la multinacional presentaba beneficios record -10.000 millones de euros-, reparto de dividendos -más de 7.000 millones- y un bonus para directivos que les permitirá repartirse 450 millones de euros.
El plan social presentado en el Ministerio se redujo de 8.500 a 6.500 bajas tras el compromiso con las fuerzas sindicales de que la compañía asumiría el coste -300 millones de euros- de los dos años de paro que cobran quienes se apunten a él. Y es que el gobierno está tramitando una ley que obligará a empresas con beneficios que utilicen esta herramienta de reducción de plantilla a ingresar parte de ese coste en un fondo todavía a determinar.
El informe contradictorio presentado por CGT a la empresa y al ministerio de trabajo desmonta punto por punto todos sus argumentos. En él denuncia la manipulación y el mal uso de la norma que regula este tipo de expedientes cuyo único fin es asegurar la viabilidad de empresas con problemas por la reducción de beneficios (recientemente aprobada por la reforma laboral). Sin embargo Telefónica se aprovecha de la norma no por necesidad sino para reducir plantilla y así aumentar el margen de beneficios.
El expediente, según algunos medios de comunicación, le supondrá a la operadora el desembolso de 2.500 a 2.800 millones de euros ; pero también tendrá su repercusión en las arcas del estado, no sólo por el dinero que dejarán de cotizarse a la seguridad social, unos 275 millones, sino también por las exenciones fiscales de las indemnizaciones y la reducción de renta y sus correspodien reducción de impuestos.
CGT proponía los contratos de relevo como alternativa, ya que no hay nada en la naturaleza de estos contratos que impida su aplicación en una empresa como Telefónica donde hay más de un millar de personas con 60 años o más. El coste de este expediente es injustificable e inasumible, no sólo en lo económico, también en lo social, por la irresponsabilidad de que una compañía saneada destruya empleo en una sociedad en crisis económica que camina hacia los cinco millones de parados.
Convenio
El convenio firmado está cimentado en la destrucción de empleo y en el que no se cierra la puerta a futuras reducciones por segregaciones que tendrán que ser, eso sí, no forzosas y pactadas con la representación de los trabajadores.
Se produce, por primera vez desde que el IPC es referente en las subidas salariales, la referencia a la productividad utilizando el OIBDA -ingresos antes de impuestos y amortizaciones- que producirá o no, según los porcentajes anuales, la revisión a final de año al IPC Real. Telefónica se convierte así en una más de las empresas que apuestan por subidas salariales rupturistas, en base a los ingresos económicos, atendiendo a directrices europeas que exigen de nuestro país mayores esfuerzos económicos para las y los trabajadores.
Además, consigue aprobar un nuevo modelo de Clasificación Profesional basado en Grupos Profesionales que supondrá la flexibilidad funcional de la mermada plantilla y la reducción de los mínimos salariales que le permitirán, según ella, acudir al mercado en igualdad de condiciones con el resto de las operadoras.
La empresa se compromete a la no movilidad forzosa, pero tendrá que acometer un plan de “refosteración de personal” en aquellas provincias más afectadas por el ERE, primando los traslados voluntarios. El convenio no avanza tampoco un mapa de actividades por provincia y categoría que planifique las repercusiones del expediente y de la nueva clasificación, que se discutirá en una comisión donde se excluye a CGT por negarse a firmar el convenio.
CGT está en contra de este acuerdo, primero porque se construye desde una nueva destrucción de empleo, y segundo, porque no asegura tres de los cuatro mínimos que se marcaron todos los sindicatos antes de la negociación : el salario probablemente no conservará el poder adquisitivo al ligarlo a la productividad ; la garantía de empleo es parcial y no contrarresta la facilidad del uso del despido objetivo que producen las nuevas reformas ; y las segregaciones, aún no siendo forzosas y sí pactadas con los sindicatos firmantes, no cierran la puerta a más reducción de actividad y plantilla.
