Desde la gran manifestación del 22M hace un año, en la que cientos de miles de personas se reunieron en Madrid en demanda de una vida digna, la situación no ha mejorado. Se hacen sentir aún más profundamente las consecuencias de los efectos perversos de las llamadas políticas de austeridad impuestas por la troika en contra de la mayoría social del Estado español.
La realidad sigue contradiciendo las afirmaciones de que el gobierno del Partido Popular y de los poderes que lo apoyan. La campaña de promoción que ha sido orquestada por el gobierno y los poderes mediáticos económicos y de masas que apoyan al régimen bipartidista monárquico contrasta con la situación de que la mayoría social perdura. Aquellos que siguen los mandatos de las instituciones que no han sido elegidos por los ciudadanos deben ser expulsados !!!!!
La tasa de paro, según la EPA (Encuesta de Población Activa) se encuentra todavía en un 24%, lo que representa más de 5,5 millones de desempleados de los cuales menos del 58% están recibiendo beneficios de desempleo. Más de 3 millones de personas no tienen ningún ingreso en absoluto; más de 0,5 millones de hogares se encuentran en esta situación. El empleo que se está creando en la actualidad es precario y los salarios son lamentables: hoy en día, uno puede tener un trabajo y seguir siendo pobres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de alrededor de 24%. La tasa de desempleo entre los jóvenes es aún más del 55%. Al igual que sus abuelos, cada vez más jóvenes están hoy en día emigrando en busca de un futuro que no se les permite tener en este país. Las pensiones están perdiendo poder adquisitivo cada año ya que su tasa de revalorización es vergonzoso.
Una de las consecuencias más alarmantes de esta situación económica es el aumento de la tasa de la pobreza hasta el 30%: uno de cada cinco personas está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pobreza lleva la cara de los niños y las mujeres. Precariedad social está aumentando como resultado de estas políticas de recortes, de las condiciones de empleo y asalariadas precarias, y de la supresión de los derechos y la cobertura social; y esto es cada vez mayor el número de personas que han sido desalojadas de sus casas y que sufren pobreza energética (electricidad, agua y cortes de gas). Varias personas han muerto durante este invierno como consecuencia de la precaria situación que muchos hogares están soportando.
La corrupción y las irregularidades fiscales privan a las arcas españolas State's de 5% del PIB. Además de eso, las políticas fiscales benefician a los que más tienen y van en contra de la clase trabajadora y la mayoría social, que tienen que soportar la mayor parte de la carga fiscal. Hoy en día en el Estado español el número de millonarios está aumentando, pero también lo es el número de personas pobres. La brecha social es cada vez más y más grande.
Esto es una consecuencia de la reforma que se introdujo en el artículo 135 de la Constitución Española, por el cual la soberanía popular se somete a los mandatos de la UE y el BCE como el pago de la deuda tiene prioridad sobre el bienestar y los derechos de la mayoría social. La desintegración del régimen de 1978 es evidente, y también lo es la de una Constitución que no reconoce los derechos de los diferentes pueblos y naciones dentro del Estado y cuya declaración de derechos y libertades que ya es una letra muerta.
En este contexto, y como medio para contrarrestar la creciente movilización social en contra de estas políticas criminales, el gobierno ha aumentado la represión contra el pueblo mediante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley de Seguridad Ciudadana) y el Código Penal, la supresión de los derechos y libertades en para silenciar un pueblo que sufre y que está siendo empobrecida como medio de dominación y explotación.
Las Marchas por la Dignidad hacen un llamado a la mayoría social y la clase obrera para la movilización, para mostrar en la calle que QUEREMOS UNA VIDA CON DIGNIDAD, para identificar a los culpables de esta situación social grave e injusta y defender el programa de las Marchas por la Dignidad.
Se trata de un programa mínimo que se basa en un amplio consenso social y político en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:
No al pago de la deuda, que es ilegal, ilegítima y odiosa.
La defensa de los servicios públicos para todos.
El empleo decente con derechos decentes y salarios suficientes; la reducción de las horas de trabajo y una Renta Básica.
El reconocimiento de que las personas, los pueblos y las naciones dentro del Estado tienen el derecho de decidir sobre todos los aspectos de su vida y su futuro.
La defensa de los derechos de las mujeres y para el futuro de nuestros jóvenes.
contra la precariedad laboral y la inseguridad social; No a la reforma laboral.
Contra la represión y contra la Ley Mordaza.
No a los tratados intergubernamentales y transnacionales que van en contra de los derechos sociales. No a TTIP.
Por el derecho a una vivienda digna y contra los recortes en el suministro de electricidad, agua y gas.
No a la OTAN, No a las guerras.
Hacia la Huelga General
Hay que echarlos
